24/02/2010 'Pensionazo' en la calle... y pensiones de lujo para sus señoríasJubilaciones privilegiadas
En medio del enconado debate sobre la propuesta del Gobierno para reformar las pensiones que ha hecho salir a la calle a los sindicatos y ha encrespado el clima político, muchas voces se están alzando contra el exclusivo sistema de prestaciones en materia de jubilación de los diputados y senadores, que les asegura un retiro al que ningún otro ciudadano puede aspirar. El régimen especial de los diputados y senadores les garantiza unos complementos al sistema de pensiones común para garantizarles una pensión más alta o un derecho a prejubilarse más beneficioso y un plan de pensiones privado muy generoso.
El anuncio del Gobierno de comenzar a negociar un plan para reformar las pensiones ha motivado una intensa polémica y un intenso debate público sobre su conveniencia. Dicho plan está estudiando calcular la pensión sobre más años de salario o un periodo más largo de cotización, retrasar la edad efectiva de retiro laboral mediante la reducción de las jubilaciones anticipadas e incentivando el retraso voluntario de la jubilación o añadir dos años más a la edad legal de jubilación, desde los 65 años actuales a los 67, esta última, sin duda, la medida estrella de la propuesta.
El objetivo final de la eventual reforma es sostener a medio plazo el actual sistema del sistema de la Seguridad Social dada la presión demográfica, que está haciendo aumentar la esperanza de vida y reduciendo la natalidad, lo que descompensará la proporción entre cotizantes y trabajadores, y la merma de afiliados, agudizada por la crisis económica. Pero, aunque muchos expertos dudan de la reforma sea en sí misma sea suficiente para mantener el equilibrio presupuestario y encarar la crisis, el Gobierno se mantiene firme en su propuesta y de momento ignoran las protestas de los sindicatos, que creen que retrasar la edad de jubilación actual es sinónimo de renunciar a una conquista social de los trabajadores y reprochan al Gobierno que intente solventar el problema con un recorte del gasto público. El Gobierno también ha recibido críticas de casi todos los partidos políticos, tanto por el momento en que se ha hecho público el anuncio como en su forma, sin haber contado sus intenciones al Pacto de Toledo, que se encarga de establecer las líneas de actuación y recomendaciones de reforma en el sistema de pensiones contributivo.
En medio de este debate, ha salido tímidamente a la palestra el llamado sistema de pensiones de los diputados y senadores, un régimen especial para estos miembros de las cámaras que les garantiza unas prevendas en materia de jubilación pública a las que no puede aspirar ningún otro profesional, como, por ejemplo, cobrar la pensión máxima con tan sólo 12 años de mandato y, en algunos casos, sólo con siete. El régimen choca frontalmente con las llamadas a la contención del Gobierno y aunque todavía no se ha contemplado su modificación, muchas voces ya lo están pidiendo.
3.000 euros de salario base... y un jugoso paquete de complementos
La asignación constitucional para 2010 de un diputado es de 3.125,52 euros mensuales, salario base al que se añaden complementos en función del cargo -desde los 3.605 del presidente además de los gastos de representación hasta los a los 775,17 de los portavoces adjuntos de comisiones, y complementos de destino -1.823 euros mensuales más para los diputados y senadores de fuera de Madrid y 870 para los que viven en la capital.
Además de estos emolumentos, el reglamento de prestaciones económicas para los ex parlamentarios, vigente desde hace casi cuatro años, articula un mecanismo que permite que, en los supuestos en los que los parlamentarios no alcancen el límite máximo de percepción de pensiones públicas, las Cámaras abonarán la diferencia, es decir, una "pensión parlamentaria" para diputados y senadores que hayan formado parte de las Cortes durante un mínimo de siete años y siempre que hayan cumplido 65 y hayan obtenido la jubilación, o bien se hayan jubilado anticipadamente con al menos 60 años y 40 años de cotización.
La cuantía de ese complemento será la diferencia entre la cuantía de la pensión que corresponde al parlamentario por su actividad profesional y la cifra anualmente establecida como límite máximo de percepción de pensiones públicas. Eso sí, en el caso de parlamentarios con un mandato de siete a nueve años se les aplica el 80% de ese límite, a los de nueve a once años se les calcula el 90% y a los de más de once años se les cubre hasta el máximo.
"Los diputados y senadores no tienen unas pensiones específicas, sino unos complementos y prestaciones añadidas a las pensiones ordinarias", explica a Expansión.com Ramón Marcos Allo, letrado de la Administración de la Seguridad Social y miembro del Consejo de Dirección de Unión Progreso y Democracia (UPyD), reguladas en el reglamento aprobado el 11 de julio de 2006 "cuando el PSOE estaba en mayoría", apostilla.
Esta regulación se refiere, esencialmente, a cuatro materias: la asignación de un complemento de las pensiones públicas, de una ayuda mensual equivalente a lo que coloquialmente se conoce como prejubilación, unas indemnizaciones por cese en su condición de parlamentarios y unas aportaciones con cargo a los presupuestos de las Cortes Generales para unos planes privados de previsión social. El motivo para publicar dicho reglamento fue "cubrir una laguna normativa que existe desde la aprobación de los Reglamentos del Congreso de los Diputados y del Senado en 1982 y a dar una cobertura jurídica sistemática a distintas situaciones que la dedicación a la actividad parlamentaria produce", pero el fin último fue equiparar estas retribuciones a las de los parlamentarios de otros países de la Unión Europea.
Un reglamento para asegurar las prestaciones
Para ello, se articuló un mecanismo que permite que, en los supuestos en los que los parlamentarios no alcancen el límite máximo de percepción de pensiones públicas, las Cámaras abonan la diferencia entre este límite y la pensión percibida por el solicitante. Además, para los supuestos en que se den situaciones de precariedad, se establecen fórmulas como la del sistema de complementación de ingresos, en vigor desde el 7 de julio de 1987; la indemnización por cese, que compensa la carencia de cobertura por desempleo que un diputado puede tener, por ejemplo, al intentar volver a su ocupación habitual cuando deja las cámaras, y que se gradúa en función de los años de dedicación a las Cámaras.
A estas prestaciones se une complemento que permite hacer frente al período de transición que se da entre la disolución de las Cámaras y su constitución tras las elecciones, además del apoyo al sistema público de pensiones con las aportaciones a planes privados de carácter complementario. "Este tipo de indemnizaciones se dan en la mayoría de los parlamentos de los Estados de nuestro entorno", reitera el reglamento.
Parlamentarios españoles con prestaciones "europeas"
En definitiva, la aplicación del reglamente se traduce en que diputados y senadores que "gozan de unos beneficios que no tenemos el resto", ya que "que les otorgan más derechos que a los demás ciudadanos", sentencia Marcos, que tilda estas prevendas en materia de pensiones de los diputados y senadores de "privilegios". Ello ha motivado en numerosas ocasiones protestas de este partido y tienen previsto presentar una reforma para que se equiparen a las que perciben los ciudadanos.
De hecho, su partido va a presentar en breve una iniciativa que se encuentra en fase de revisión técnica para eliminar los privilegios de la actual regulación, ya que, según UPyD, los parlamentarios gozan de un régimen exclusivo, y "nosotros estamos en contra de cualquier privilegio", recalca.
"Hablo de privilegios porque tienen reconocidos unos derechos en materia de complementos de pensiones, prejubilaciones, planes de pensiones e indemnizaciones que no tienen reconocidos los ciudadanos normales y que no se corresponden con la función constitucional que tienen asignada", argumenta Marcos. "Viajar con cargo al Congreso para conocer un problema social que vaya a debatirse en el Congreso es un derecho y no un privilegio. Pero poder prejubilarse a los 55 años con un 60% de la asignación constitucional de 3.125 euros mensuales con cargo igualmente al Presupuesto del Congreso es un privilegio. No se justifica por la función que hace el diputado o senador. De hecho, en la norma que lo regula, se dice que es para parecerse a los parlamentarios de otros países, olvidando que a lo que deben asimilarse es a los ciudadanos españoles".
Pero Marcos cree que deberían compararse "no con los salarios alemanes, sino con los sueldos y prestaciones y salarios reales que hay en España. "Si ellos son representantes de los españoles, tienen que dar ejemplo y adoptar su situación a la de la economía del país.
Funcionarios y empleados públicos, también a la zaga
Según explica este letrado, las pensiones de estos cargos son inalcanzables para cualquier ciudadano, independientemente del régimen laboral en el que se encuentre, pero también para los funcionarios y los empleados públicos.
Las pensiones públicas se rigen por la Ley General de Seguridad Social y los funcionarios tienen dos posibilidades: Los funcionarios de carrera de la Administración Civil y Militar del Estado, los de la Administración de Justicia y los de las Cortes Generales están encuadrados en el Régimen de Clases Pasivas, mientras que los de la Administración local, Organismos Autónomos y los de Comunidades Autónomas, además de los empleados públicos, acceden a su jubilación mediante el Régimen general de la Seguridad Social, de la misma forma que los asalariados o los autónomos, y por tanto, con los mismos derechos que el resto de los trabajadores incluidos en ese régimen.
"Si están en clases pasivas, los derechos de los funcionarios, son también muy similares, aunque con alguna excepción respecto de la jubilación anticipada y otras cosillas menores. Pero en ambos casos, la pensión máxima es igual y no hay complementos para llegar a ella por ejercer una determinada actividad", señala Marcos. "Los funcionarios no tienen el sistema de complementos de pensión ni prejubilaciones que tienen los parlamentarios", concluye.
Bono alude a Ronaldo para justificarlo
El presidente del Congreso, José Bono, remitió el pasado 6 de febrero una carta a todos los diputados en defensa de su sistema de pensiones en la que explica que quien haya ocupado un escaño durante siete años no recibe una "pensión" cuando se jubile, sino "un complemento de pensión" de una cuantía media de 1.066 euros mensuales.
La misiva subrayaba que, hasta ahora, han percibido el "complemento de pensión" sólo 70 de los 3.609 diputados y senadores que ha habido en total durante las nueve legislaturas. De ellos, una considerable mayoría fueron parlamentarios en las primeras legislaturas tras el franquismo. No obstante, el reglamento de pensiones parlamentarias y otras prestaciones económicas a favor de los ex parlamentarios, aprobado en 2006, precisa que "las Cortes Generales abonarán con cargo a su Presupuesto una pensión a quienes hayan sido miembros del Congreso o del Senado".
Para cobrarla, los ex parlamentarios tienen que haber ocupado el escaño durante al menos siete años y haber cumplido 65 en el instante de la recepción de la susodicha "pensión", señala Bono remitiéndose a la legislación vigente. También habrá de estar jubilado o jubilado anticipadamente, en cuyo caso ha de tener 60 años y haber cotizado durante 40. La carta del presidente de la Cámara alude también al presupuesto de la Cámara, que se ha reducido en dos años unos 200.000 euros y los sueldos de los diputados llevan dos años congelados. La cuantía que el Estado dedica a las Cortes Generales -Congreso y Senado-, al Defensor del Pueblo y a la Junta Electoral Central representa un 0,09% del Presupuesto total del Estado. Con todo ello, Bono recalca: "El vigente Presupuesto (...) es exactamente cuatro millones más de lo que supuso el último fichaje estrella de la Liga de Fútbol Española", el de Cristiano Ronaldo.
Excepciones: Si se revisan, junto a las demás pensiones
Por su parte, el presidente del Senado, Javier Rojo, añade en línea con Bono que las pensiones de los políticos se deben ver como "excepcionalidades" y no como privilegios. Eso sí, no cierra la puesta a modificar su regulación, aunque "cualquier modificación de las mismas debe estudiarse en el marco del actual debate sobre el sistema de pensiones", señaló el pasado 3 de febrero durante la inauguración de las jornadas sobre La ley e Internet en el Colegio de Abogados de Madrid.
En cualquier caso, Rojo apuesta por abordar este debate con "el sosiego, la serenidad y la tranquilidad" que requiere la propia cuestión, y puso como ejemplo su caso, el de un presidente del Senado que, sin embargo, ha cotizado a la Seguridad Social durante 43 años. "Como mi caso hay muchos", señaló, tras insistir una vez más en que en estos casos es necesario hablar de excepcionalidad.
La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, también está dispuesta a revisar el sistema de pensiones de los parlamentarios, pues considera que su formación tiene claro que se debe "predicar con el ejemplo", al igual que su partido ha propuesto ya congelar los sueldos de estos profesionales. La dirigente del PP contestó que ha algunas medidas llamativas pero de "aplicación muy limitada" pues la mayoría de los parlamentarios trabaja y cotiza antes y después de llegar a las Cortes Generales. "No tengo inconveniente de abordar éste y otros temas de funcionamiento de régimen interno", señaló.
Incluso el ministro de Fomento y vicesecretario del PSOE, José Blanco, se ha mostrado dispuesto a corregir el régimen de pensiones del que disfrutan estos cargos públicos, funcionarios con cargos públicos y otras situaciones donde falte "equidad". "Estoy dispuesto a corregir esta situación y a que el sistema introduzca más equidad. No sólo en eso [diputados y senadores]. Hay muchos casos en distintos ámbitos y estoy dispuesto a hablar de todo, asumiendo errores. No debe haber excepciones dentro de los parámetros de sostenibilidad, futuro y equidad de las pensiones", aseguró el martes 2 de febrero en una entrevista con TVE. UpyD lo tiene claro: "Lo que hay que hacer es limitar estos privilegios y que los miembros de las cámaras tengan las pensiones que les correspondan de acuerdo con las Leyes de Seguridad Social y Clases Pasivas, igual que el resto de ciudadanos".
Fuente: Expansion.com
24/02/2010 ¿Cúal es la peor empresa del año?Premios FACUA
Las compañías de telefonía móvil Movistar, Vodafone y Orange y las compañías aéreas Air Comet y Ryanair son las cinco candidatas a 'Peor Empresa del Año', reconocimientos que otorga por primera vez la asociación de defensa de los consumidores FACUA.
En un comunicado, la organización ha indicado que comienza el plazo para que los consumidores puedan votar a sus "favoritos" en las tres categorías 'peor empresa', 'peor práctica empresarial' y 'peor anuncio de los últimos doce meses'. Las votaciones se pueden realizar en la página web de Facua.
Cada una de estas modalidades cuenta con cinco candidatos, seleccionados por FACUA tras analizar las propuestas planteadas por los consumidores, sus organizaciones territoriales y sus departamentos de Comunicación, Técnico-Jurídico y Análisis y Control de la Publicidad, Productos y Servicios.
Al peor anuncio optan la publicidad de Actimel, Frenadol, Silueta, de Bimbo, Vodafone Passport, y la campaña 'Si eres legal, eres legal' del Ministerio de Cultura.
En cuanto a las cinco peores empresas del año, Facua ha elegido a Air Comet, compañía aérea de Gerardo Díaz Ferrán, porque paralizó su actividad "dejando en tierra a miles de pasajeros, buena parte de ellos inmigrantes, sin dar la cara, buscarles vuelos alternativos ni indemnizarles por los graves perjuicios causados".
Orange ha sido designada porque "destaca por sus ofertas engañosas, precios excesivos, abusos con los consumidores y falta de atención a sus reclamaciones", y Ryanair por "despreciar las reclamaciones de sus pasajeros contestándoles en inglés y rechazando el pago de las compensaciones por cancelaciones y grandes retrasos o la devolución de recargos cobrados irregularmente".
A Movistar, la compañía de telecomunicaciones española y líder del sector, se la ha elegido porque "no es el mejor ejemplo a imitar para sus competidores, por sus elevadas tarifas, sus prácticas abusivas y el maltrato a las reclamaciones de los usuarios".
Respecto a Vodafone, Facua ha señalado que "no destaca precisamente por el buen trato a sus clientes, incurriendo en prácticas que van desde la publicidad engañosa hasta la desatención de sus reclamaciones, que se suman a sus altos precios".
En la categoría de peor práctica empresarial destacan las cláusulas suelo de las hipotecas, el cobro por la atención de consultas y reclamaciones, los recargos de las compañías aéreas, las irregularidades en las facturas eléctricas de comienzos de 2009 y el 'spam' telefónico.
Los consumidores podrán votar a estos quince candidatos en las tres categorías a través de la página web 'facua.org/lapeorempresa'.hasta el próximo 15 de marzo, Día Mundial de los Derechos de los Consumidores.
Fuente: expansion.com
19/02/2010 La Administración reduce el número de empleados públicos por primera vez desde 2008¿HA EMPEZADO YA EL GOBIERNO A GASTAR MENOS EN EMPLEO PÚBLICO?
En el último trimestre de 2009, el número de trabajadores del sector público se redujo en más de 30.000 personas. En concreto, se registró 60.000 temporales menos. Es el primer descenso desde principios de 2008. ¿Ha comenzado ya el Gobierno a gastar menos en asalariados de la Administración?
Desde el comienzo de la crisis (contabilizado desde el primer trimestre de 2007 hasta el último de 2009), el número de empleados públicos, que comprende funcionarios, cargos políticos, servicios auxiliares y colaboradores puntuales, entre otros, ha crecido en cerca 133.500 personas, según los datos de la Encuesta de Población Activa que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE). No es ninguna sorpresa.
Si embargo, en los últimos meses esa tendencia ha dado un giro. Curiosamente, entre octubre y diciembre de 2009 esta cifra se ha reducido en más de 36.000 personas (ver infografía). Si nos fijamos en los puestos temporales, el recorte es aún mayor: de 60.000 personas (frente a un aumento de los fijos en 24.500 efectivos).
Esta anomalía rompe de golpe con la tendencia del periodo 2007-2009. De hecho, es el primer recorte intertrimestral desde el primer trimestre de 2008. Si se tienen en cuenta los datos hasta el tercer trimestre de 2009, el incremento de los temporales (del 6,3%) fue aún mayor que el de los fijos (del 5,3%), según el INE. Claro que si se computa hasta final de 2009, los empleados públicos de carácter fijo aumentaron un 6,6% más, frente al descenso del 1,3% de los de contrato temporal.
Por Administraciones, la variación intertrimestral más grande se produce en la Seguridad Social, con un 15,5% de empleados menos. Le sigue en Estado Central, con una caída del 2,25%. En las entidades locales el recorte es del 1,9% y en las comunidades autónomas, del 0,6.
No son los únicos datos en esta dirección: los gastos de consumo de las administraciones públicas (remuneración a funcionaros y gastos de funcionamiento, entro otros) menguaron en ese trimestre por primera vez desde 1996, con un descenso intertrimestral del 1,7%, según la Contabilidad Nacional.
¿Acaso el plan de austeridad ha comenzado antes de que lo sepamos? ¿Cuáles son las razones del recorte? La explicación que dan desde la vicepresidencia primera, que gestiona la función pública desde abril de 2009, reconocen que el recorte de funcionarios "básicamente se trata de un dato coyuntural". Según señalan: "No se puede relacionar con ninguna medida en concreto de la Administración central porque las medidas que se están tomando todavía no se reflejan y además es un dato que afecta a todas las administraciones (central, autonómica y municipal)". Así que es un espejismo.
El departamento que dirige María Teresa Fernández de la Vega concreta un poco más: "Lo único que se ha detectado es que la mayoría de los empleos que han desaparecido son temporales y especialmente de plazas creadas para cubrir necesidades que han quedado descubiertas durante un periodo de tiempo prolongado. Por ejemplo, por bajas de larga duración".
Para Julio Gómez Pomar, director del Centro PwC/IE sobre el Sector Público, cree que no hay que lanzar las campanas al vuelo. "Habrá que estudiar los datos del primer trimestre, a ver si se confirma o no esta tendencia", señala.
Tendencia
Al margen del dato puntual del cuarto trimestre, en los dos últimos años se ha producido un comportamiento desigual entre administraciones. Destaca el fuerte incremento en este periodo de los empleados públicos en las autonómicas, con una tasa de aumento del primer trimestre de 2007 respecto al último de 2009 del 13,4%, hasta 1,69 millones de empleados. En las entidades locales, la cifra creció un 4,1%, hasta 664.000 asalariados. Por el contrario, en la Administración Central se produjo en este periodo un recorte del 1,4%. Llama la atención especialmente el recorte en la Seguridad Social, con un 58% personas menos, hasta 35.500.
Si se analiza la evolución que han sufrido las autonomías, se ve claramente un comportamiento muy desigual. Por un lado, en cuanto a la evolución: hay crecimientos en algunas regiones (como Murcia) de hasta el 20% en este periodo, frente a recortes hasta del 6% (en La Rioja). Por otro lado, también destaca la disparidad en peso sobre el total de asalariados: mientras en Extremadura alcanza casi el 35%, en Cataluña no llega al 16%.
Pomar pone de relieve el comportamiento regional en un contexto como el actual. "La reducción de la tasa de reposición que ha fijado el Gobierno [de un 10% de los jubilados] debería extenderse a las autonomías y ayuntamientos, que es donde ha engordado especialmente el Estado", señala.
Fuente: expansion.com
19/02/2010 Pymes y asalariados, en el punto de mira de los inspectores de HaciendaLas nuevas normas de la AEAT han puesto en la diana a los particulares y a las empresas en la lucha contra el déficit
Los inspectores de Hacienda del Estado han levantado el hacha de guerra: denunciaron que la vicepresidenta económica, Elena Salgado, les obliga a cerrar las investigaciones antes de tiempo –en 8 meses y medio en vez de en un año– y con menos recursos, lo que estrecha el cerco de las investigaciones en los pequeños comercios y no en las grandes compañías, mucho más difíciles de vigilar.
Y es que la subida del IVA, del IRPF y de la tributación del ahorro no son suficientes para reducir el abultado agujero de las cuentas públicas. Según el 77% de los jefes de la Inspección –los únicos autorizados para firmar actas en el Fisco– “no se debería tratar de paliar el fuerte descenso de la recaudación, consecuencia de la crisis económica, con una mayor presión” sobre el contribuyente.
Salgado pretende recaudar un 15% más medio de la lucha contra el fraude en 2010, con menos medios materiales y humanos. En 2009 consiguió gracias a esta vía 4.000 millones. Sin embargo, esto se convertirá en una tarea casi imposible este año.
El Ejecutivo ha recortado el Presupuesto del Fisco un 6,1% durante este año, ha atajado los gastos de personal de la Agencia un 8%, lo que ha hecho que se pierdan 250 efectivos de la plantilla. Además, ha destinado un 16,8% menos para inversiones reales destinadas a mejorar los equipos informáticos y los administrativos.
Asimismo, el director general de la AEAT, Luis Pedroche, según una resolución publicada en enero, pretende que los Inspectores que más recauden y que más deudas descubran ganen más dinero cada al año, lo que les obligará a apretar las tuercas aún más a los contribuyentes.
Retribuciones
El mecanismo de Hacienda es sencillo: modificar ciertos criterios para distribuir la productividad entre los empleados públicos, dando primacía para cobrar los pluses de productividad al cumplimiento de aspectos formales, a la realización de tareas burocráticas y al uso de nuevas aplicaciones informáticas que aún no funcionan correctamente.
A juicio de los funcionarios esto reduce la calidad y la profundidad de su trabajo diario:“Son instrumentos de control de los funcionarios, cuando es obvio que su finalidad debiera ser incrementar la seguridad, fiabilidad y eficacia en la instrucción de expedientes”, destaca el documento que han enviado más de 600 trabajadores a Pedroche.
Según el secretario y portavoz de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado, Francisco de la Torre, antes de citar al contribuyente tienen que cumplir un paquete de normas rutinario de 34 páginas y elaborar un expediente previo. A esto se suma que le han recortado las dietas para desplazarse a otras ciudades para investigar y que se premian las labores de oficina, a pesar de que la mayor parte de la empresas sumergidas no figuran en ningún registro.
Fuente: expansion.com
